Saltillo, Coahuila. Enero 25 de 2012.- Internos del Centro de Readaptación Social de esta ciudad denunciaron ante la Diócesis de Saltillo la profanación del sagrario en la capilla católica ubicada en el interior del lugar, en el marco de un operativo conjunto en el que participaron Policías Federales, Estatales y Ministeriales; elementos del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, así como soldados del Ejército Mexicano el pasado 23 de enero.

Durante las acciones, que se desarrollaron de madrugada y en las que en total sumaban 435 elementos: 254 Federales, 80 Estatales, 50 Especiales y 51 soldados; los uniformados “abrieron el Sagrario, sacaron el Copón con las Hostias Consagradas, las tiraron y quedaron esparcidas y despedazadas. Dicha información fue verificada por el capellán responsable de la Pastoral Penitenciaria de la Diócesis”.

A través de un comunicado, la Diócesis destacó que son conocidas las serias problemáticas por las que atraviesan los diferentes penales de la república, mismas que se deben atender, “y por supuesto entendemos que es necesaria la intervención de las autoridades para que estos espacios cumplan su objetivo. Sin embargo, el uso desproporcionado de la fuerza pública y en este caso, la profanación de una ermita, que pudiera haber sido de hermanos evangélicos o de otras confesiones, nos obliga en conciencia a manifestarnos en contra”.

Avalados con el boletín oficial de prensa que hizo público la Fiscalía General del Estado y en el que se subraya “que por iniciativa del gobernador del Estado Rubén Moreira Valdez se solicitó al Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, la colaboración entre federación y estado para llevar a cabo” este operativo, los diferentes grupos diocesanos afirmaron que lo anterior “coloca al Gobernador y al Secretario de Seguridad Pública como principales responsables de esta agresión a la comunidad católica”.

“Ellos, como funcionarios del Estado, se encuentran en una posición especial de garantes con respecto a las personas privadas de la libertad, porque las autoridades penitenciarias ejercen un control total sobre éstas, y es su obligación proteger y garantizar su derecho a la vida y a la integridad personal”. Añaden que les “llama la atención e indigna que se movilice a cerca de 450 efectivos militares y policiacos federales para decomisar refrigeradores, microondas, modulares, 150 gramos de droga, latas de cervezas y botellas de tequila semivacías, entre otros productos y enseres, mientras cientos de personas están desparecidas o secuestradas en nuestro estado y nadie les está buscando”.
 
El texto está firmado por el Obispo José Raúl Vera López, el Vicario General Gerardo Escareño Arciniega y sacerdotes responsables de las vicarías, la Pastoral Social, la Penitenciaria y el Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, así como la Casa del Migrante y el Seminario. Y es que según recalcan, “No existe explicación posible que justifique lo sucedido; estos hechos agreden profundamente, no sólo a la comunidad católica del CERESO de Saltillo, sino a la Diócesis entera, a la Iglesia Universal y a la sociedad que se indigna ante hechos violentos y contrarios a la dignidad, cometidos en un centro de detención”.

Al retomar el tema de la inseguridad en general, los firmantes aseguraron no entender ni aceptar “que nuestro territorio sea ocupado por medio de una guerra irracional e ilegal, que está convirtiendo en una gran fosa clandestina a nuestro estado, en donde las desapariciones y secuestros de personas continúan y los desplazamientos forzados se incrementan. Es inadmisible que los enfrentamientos armados en las calles, que suceden a todas horas del día, sean los que determinen el ritmo de nuestro andar y que la muerte y la violencia, estén asolando de esta manera a la comunidad coahuilense”.

En este sentido los organismos recordaron que sólo un día antes “la ciudad de Saltillo se convirtió por largas horas en un campo de batalla, donde las medidas de protección a la sociedad civil es lo que menos consideran las fuerzas militares y de seguridad pública que se enfrentan a las bandas delincuenciales; lo anterior ya es sabido y asumido por los ciudadanos, que por su propia iniciativa deben tomar medidas de protección”. Y es que el propio Gobierno del Estado reconoció que además de la muerte de 4 presuntos delincuentes y un policía herido, se dio el deceso de una mujer de 67 años de edad y las lesiones a un varón de 34 años que viajaba con su familia en un transporte público. “Trasmitimos por este medio a las familias afectadas nuestra solidaridad, a la vez que nuestro corazón sufre y se indigna aún más por estos deplorables hechos que atentan contra la vida”.

La Diócesis expresó su “profunda indignación, pues además de atentar contra la fe de la mayoría del pueblo de México, violan los derechos a la libertad religiosa, así como los derechos que gozan las personas privadas de su libertad, reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas; la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura así como Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto al uso de la fuerza/violencia, amenazas y otras agresiones de tipo psicológico, y el especial deber de protección a las personas en prisión”.
 
La Iglesia Diocesana se dijo ofendida por la profanación, de ahí que convocó a la realización de un acto de desagravio público el próximo viernes 27 de Enero a las once de la mañana en el mismo lugar de los hechos. “Exigimos a las autoridades federales y estatales que cese esta masacre contra nuestros pueblos”. Los organismos aprovecharon también para reiterar la solidaridad a otros grupos vulnerables afectados, como los migrantes “que sufren continuos secuestros y desapariciones y abogamos por el derecho que tienen a una migración sin violencia; damos nuestro apoyo concreto a la demanda de justicia de las familias de personas desaparecidas, y a las familias cuyos hijas e hijos han sido injustamente asesinados y masacrados”.