Las reformas constitucionales en materia política conducen al empoderamiento de la ciudadanía, pluralizan las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión y acotan el poder del presidente de la República en el presupuesto y reconducción presupuestal, además establecer mecanismos sobre la sustitución en caso de ausencia del titular del Ejecutivo.

La LXI Legislatura del Congreso de la Unión discute reformas constitucionales en materia política que darían participación directa a los ciudadanos y debilitando, esa es la idea, a la partidocracia que vive a costa del dinero público. Pero la reforma no es bien vista por todos los partidos, especialmente por los que representan el antiguo autoritarismo. ¿Cuáles son los temas de la reforma electoral? En esencia son once puntos:

1.- Promover la iniciativa preferente para fortalecer la colaboración entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo Federal y atender las iniciativas presidenciales que traten asuntos relevantes, trascedentes o urgentes y sean dictaminadas por las Cámaras del Congreso de la Unión evitando la congeladora legislativa.

2.- Las candidaturas independientes las cuales, como novedad de esta reformas, sean vistas como la fórmula de acceso a ciudadanos sin partido para competir en procesos electorales garantizando un servicio público profesional ajeno a la promoción de intereses personales o de poderes fácticos que atenten contra la democracia y el propio sistema electoral y de partidos políticos; la reforma, por lo pronto, no deroga el sistema de partidos, más bien aún los considera como “la columna vertebral de la participación ciudadana, los espacios naturales para el agrupamiento y cohesión de la diversidad que está presente en la sociedad, de forma tal que la diversidad encuentra en ellos un cauce democrático para dar lugar a la pluralidad de opciones que compiten por el voto ciudadano y hacen posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio de los cargos públicos de elección popular”.

3.- La ratificación de Comisionados de Órganos Reguladores del Estado. Actualmente, los funcionarios encargados de estos órganos son designados por la voluntad presidencial; la reforma formula un equilibrio entre las facultades del Ejecutivo en materia de designación de comisionados y la intervención del Congreso para crear pesos y contrapesos que eviten la discrecionalidad y abuso de estas altas responsabilidades en la administración pública; quiere evitarse que los comisionados tengan tendencias que obedezcan directrices de los partidos para lograr su independencia en los órganos reguladores.

4.- Una nueva fórmula en la integración de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, elevando al 40% la votación al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias y permitir así la mayoría absoluta en el Asamblea del Distrito Federal. Actualmente el artículo 122 de la Constitución sólo requiere el 30% de la votación.

5.- Como parte de la ampliación de derechos a los habitantes del país, se introduce la iniciativa ciudadana que se considera como una forma “evolucionada” de hacer política lo que implica el compromiso de la ciudadanía para involucrarla directamente en la generación de las ideas y de la transformación de sistema legal. Junto con el plebiscito y referéndum, no contemplados en las reformas, vienen a dar un abanico más amplio en la formulación de propuestas legislativas que deban ser atendidas de forma obligatoria por cualquiera de las Cámaras que reciba el proyecto ciudadano, reuniendo los requisitos determinados por la ley secundaria.

6.- La consulta popular dota a los ciudadanos de un mecanismo a nivel federal que permita la expresión en torno al sentido de las decisiones sobre asuntos de importancia nacional atendiendo los problemas y compartiendo la corresponsabilidad de las soluciones colectivas necesarias. Para que una consulta popular pueda realizarse, debe ser solicitada por un porcentaje determinado de los electores inscritos en las listas del padrón del IFE.

7.- La sustitución del presidente en casos de falta absoluta resuelve las incertidumbres para el caso de la ausencia permanente del presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto quiere regular los acuerdos generados entre las fuerzas políticas con representación en el Congreso de la Unión e introduce las figuras jurídicas propias que permitan al funcionario del más alto nivel en la administración pública, sea el jefe de gabinete o el secretario de Gobernación, a ocupar la presidencia en tanto el Congreso dirima los acuerdos necesarios para designar, con la mayoría requerida, al presidente interino o sustituto.

8.- La toma de protesta del Presidente viene a salvar las lagunas jurídicas para el caso en que el Ejecutivo electo no pueda rendir la protesta constitucional ante el Congreso de la Unión; en tal caso, el proyecto estima que el presidente electo hará protesta del encargo ante el titular del Poder Judicial de la Federación de forma inmediata.

9.- La reelección legislativa es uno de los temas más controvertidos en la reforma que abre la posibilidad para que los legisladores federales, diputados y senadores, puedan continuar en su encargo hasta por dos períodos, en el caso de los primeros y por un período más para los segundos; es decir, los diputados reelectos podrían estar hasta nueve años y los senadores hasta doce. Esto permitiría la reelección de legisladores y de los presidentes municipales. Si bien nuestro sistema actual tolera la reelección no para el período inmediato, su objetivo traza un propósito con el fin de que los representantes populares sean profesionales en su encargo y puedan, de igual modo, tener la calificación de su electorado, premiándolos con otro término al haber sido legisladores capaces y eficientes.

10.- Propone la reconducción presupuestal para que la Ley de Ingresos del año anterior pueda ser aplicada en caso de que no se haya aprobado la del año próximo con el fin de mantener la estabilidad económica y política del Estado para el pago de la deuda pública, de las percepciones de los servidores públicos y de las obligaciones plurianuales.

11.- Permitir observaciones del Ejecutivo al Presupuesto de Egresos de la Federación, es decir, el veto presidencial al presupuesto, parcial o totalmente, en un plazo improrrogable de diez días y devolver el proyecto de ley a la Cámara de diputados.

El 12 de octubre, la Comisión de Puntos Constitucionales, encargada de elaborar el dictamen de acuerdo a las disposiciones reglamentarias de la Cámara de Diputados, presentó el proyecto con una serie de modificaciones y omisiones que harían posible una reforma política satisfactoria. Gracias a la influencia y mayoriteo del Partido Revolucionario Institucional, temas esenciales del proyecto del Senado fueron descartados poniendo, para mejor ocasión, su práctica.

Sobre la reelección, el grupo parlamentario del PRI ha argumentado estar a favor, siempre y cuando el tema vaya a una consulta popular “a efecto de que sean los propios ciudadanos los que definan en una consulta formalmente organizada por el IFE”; otros temas, como el de la revocación de mandato no fueron incluidos en el proyecto, a pesar de que la Cámara revisora puede hacer las modificaciones que crea oportunas conforme lo señala el artículo 72, inciso E) de la Constitución. En materia de presupuesto, el dictamen suprime las reformas argumentando, pobremente, que se rompería el equilibrio de poderes y el orden constitucional por lo que no consideró viable el veto al presupuesto y su reconducción.

A excepción del PRI y de sus partidos satélites, todos los grupos parlamentarios están de acuerdo por la reelección, la revocación del mandato, el plebiscito y el referéndum. Estas figuras darían un empoderamiento a los ciudadanos que han visto a la clase política como obstáculo para el ejercicio del poder popular. La reforma política provino del Senado con avances importantes que ahora los diputados del PRI desechan y, de acuerdo a las reglas del proceso legislativo, volverá a la Cámara de origen paralizando estos cambios hasta el período próximo con el riesgo de que se olviden debido a las campañas presidenciales inminentes.

La democracia mexicana necesita una reforma real que involucre a los ciudadanos, que despoje del poder a los partidos políticos, que elimine la corrupción y sea menos costosa, generando funcionarios responsables y profesionales. La situación del país, al borde del descontento y la desilusión de los gobernados, exigen una reforma política en lo económico que impida a los políticos vivir como sátrapas y pachás a costa del erario público. La reforma debe activar mecanismos rigurosos de transparencia y fortalecimiento de los órganos ciudadanos para que la partidocracia no haga de ellos su botín; la reelección de legisladores debe profesionalizar, ese es el deseo, y evitar que las familias políticas hagan de las Cámaras sus cotos de poder gracias a reelecciones ininterrumpidas; el fuero legislativo debería ser revisado y acotado para ser bien entendido en relación al desempeño y opiniones propios al cargo y no para ser amparo de delincuentes y facinerosos; al igual que la revocación de mandato, una reforma política completa analizaría el procedimiento del juicio político y de sanciones en materia de responsabilidades de los servidores públicos, particularmente de los altos funcionarios de la administración pública, de los diputados y de los senadores.

En 2006, la reforma electoral se proclamó a cuatro vientos como aquélla que limitaba el régimen de partidos y garantizaba una ciudadanización del IFE; hoy vemos que el árbitro electoral está incompleto y es rehén de los partidos políticos; se dijo que la reforma haría más baratos los costos de las campañas y hoy vemos que los partidos son los institutos más caros e ineficaces pero los más efectivos negocios, particularmente los partiditos en las Cámaras bajo el sistema de representación proporcional.

Si la reforma política discutida en LXI Legislatura no es el factor de cambio donde se logren otras modificaciones de gran calado, estaremos hablando del fracaso de la democracia directa y participativa de una sociedad cada día más insatisfecha, desilusionada, explotada y pobre misma que ve a los políticos vivir como magnates usando la máscara del bien común para satisfacer sus rapacidades. Y el pueblo de México tiene límites, los obispos de México lo han advertido en el documento colectivo Que en Cristo Nuestra Paz México tenga Vida Digna: “Cuando la frustración de estos grupos sociales es capitalizada por actores políticos para sus propios fines, aumenta el riesgo de reivindicaciones violentas y el peligro para la sociedad” (No. 41)

*Secretario General, Consejo de Analistas Católicos de México.