Han pasado los meses y los días sin que la Cámara de Diputados logre un acuerdo para nombrar a los consejeros del Instituto Federa Electoral. Las razones son muy claras, pero no parecen trascender entre muchos mexicanos: minar la democracia en nuestro país, ya que el IFE fue un instrumento fundamental en la transición democracia y en la posibilidad de la alternancia en el poder. 

La clave de la fortaleza del IFE radicó en la independencia de ese organismo frente al poder público que a través de la Comisión Federal Electoral controló las elecciones durante la vigencia del PRI como partido único en la práctica y su ciudadanización, que también permitió su neutralidad frente a los partidos políticos. Estos elementos generaron confianza entre el electorado e hicieron posible que la transición democrática avanzara a pasos acelerados con la pérdida del control priista en la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia en la Presidencia de la República en el año dos mil. 

Los frutos electorales del IFE desagradaron a los dueños del viejo sistema y de inmediato se avocaron a tratar de minarlo y desprestigiarlo. Pero, al mismo tiempo, las oposiciones se engolosinaron y apetecieron controlarlo, contribuyendo con ello a su debilitamiento. 

 Al IFE se intentó minarlo ya desde el proceso previo a las elecciones de 2006. Hubo una fuerte campaña en su contra y hubo de requerir de apoyos sociales e internacionales para darle respaldo. Sin embargo, el difícil proceso electoral de ese año, los errores de su dirigencia y, sobre todo, los ataques de Andrés Manuel López Obrador, serían obuses que dañaron su línea de flotación, provocando una reforma legal que lejos de fortalecerlo y perfeccionarlo, fue un retroceso. 

El apetito por devorar al IFE llevó a la des ciudadanización de ese organismo y a la aparición de cuotas partidistas, buscando introducir en su seno a funcionarios que pudieran velar por los intereses de las distintas corrientes partidistas. Ése es el veneno que se inoculó y que ahora tiene paralizada la designación de los tres consejeros electorales que hacen falta para que se integre el organismo conforme manda la Constitución. Es cierto, también, que el Instituto puede operar con los consejeros con que cuenta, pero también que se violenta el equilibrio del que quiso dotársele para distribuir responsabilidades y para asegurar votaciones definitorias y no el riesgo de empates como ahora existe. 

La sociedad ha sido testigo de cómo los diputados no acatan la ley, lo cual ha indignado a varios de ellos que, de por sí o mediante organizaciones como la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y la COPARMEX, han presentado sendas denuncias ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en contra de los legisladores. Sean aceptadas o no dichas denuncias, el solo hecho de que se realizaran los pone en evidencia y manifiesta cómo el proceso de transición democrática en el país no ha concluido y los riesgos de regresión permanecen a un alto nivel. 

La mejor prueba del riesgo de regresión la ofreció la facción priista en la Cámara de Diputados cuando quiso, ingenuamente, sorprender y dar un albazo proponiendo candidatos a consejeros electorales a su modo, cuando sabía que era necesaria una votación calificada para que la terna saliera adelante. Y todo por la pretensión de llevar al Consejo del IFE a elementos afines o comprometidos con el PRI, en vistas a lo que consideran que ya es su retorno al poder como lo tuvieron durante la mayor parte del Siglo XX y para no volver a soltarlo durante un buen lapso. 

El estancamiento en la Cámara de Diputados debe preocuparnos como ciudadanos, porque así es como empieza la simulación del Estado de Derecho que desemboca en el autoritarismo,  cuando existe un orden político incapaz de acatar su propia legalidad, pues como apunta Guillermo O’Donell, estamos ante una legalidad truncada, en donde el acatamiento a la Constitución se reduce a lo deseable, en expresión del líder priista en la Cámara, Francisco Rojas, y no en un imperativo que deben cumplir quienes a ello se comprometieron al asumir su cargo. 

Hoy, como en las fases previas es necesario que como ciudadanos sigamos vigilantes y comprometidos, como verdaderos observadores electorales, para asegurar que el IFE cumpla su cometido, que los partidos no abusen y el proceso político que se ha iniciado no sea de unos cuantos, sino de todos los mexicanos. Cuidemos no perder lo que hemos logrado y de avanzar más, aunque sea a saltos, en una reforma política que, como en el pasado, avanza poco a poco, dosificada, retardando lo más posible la consolidación democrática.

*COLABORADOR CONSEJO DE ANALISTAS CATÓLICOS DE MÉXICO