Hay realidades sociales que simplemente son. Estas realidades corresponden a un comportamiento natural de los hombres de acuerdo a su naturaleza, sus necesidades y sus fines de acuerdo al tiempo y las circunstancias. Se pueden adaptar, moldear, conformar, pero conservan el núcleo central que las constituye, más allá de los agregados o énfasis que se les puedan dar. Pero en tanto que tienen su fundamento en la naturaleza humana, aunque puedan sufrir desviaciones, degeneraciones o cambios en un momento dado de la historia, tarde o temprano se ajustan a su naturaleza y siguen adelante.

El estado actual de un grupo social específico es estudiado por la sociología, que simplemente constata una realidad y los elementos que la constituyen, pero la sociología no es lo que define qué es dicha sociedad, ni tampoco puede indicar lo que deberá ser. Cuando encuentra que esa realidad social se repite aquí y allá, en el ayer y en el hoy, puede constatar esas constantes nucleares que determinan el ser de una cosa. Quizá también pueda constatar sus desviaciones o deformaciones, o aquellos grupos que se apartan de esa constante. La sociología puede estudiar, sí, los efectos de cada una de esas formas sociales en su entorno, respecto de otras realidades y de sus miembros.

El derecho, a su vez, puede reconocer las realidades sociales, estimularlas, protegerlas y darles cobertura jurídica conforme a lo que ya son. El derecho, respecto de estas sociedades naturales, no puede construirlas de manera voluntarista o pretender agrupar bajo dicha concepción, lo que no es.

Con la aparición de la planificación, que es valiosa y necesaria en ciertos ámbitos, pero que tiene sus límites, desde el siglo pasado se pretendió llevar esta práctica a toda la vida social. Surgió así la “ingeniería social” que mediante un a priori pretende concebir una realidad social y obligarla a que se ajuste a dicho molde. Para ello se ha recurrido sistemáticamente al derecho como una herramienta para hacer que lo concebido idealmente se vuelva realidad, aunque ésta se resista. Este es el origen de fondo de las ideologías. Pretender ajustar el mundo real a una preconcepción intelectual gestada no se sabe cómo.

Hoy, lejos de haber abandonado dicho propósito con el fracaso de la planificación central en algunos países, la tendencia ha encontrado refugio en algunas oficinas de las Naciones Unidas, que mediante eventos internacionales pretenden definir acuerdos de cómo debe ser la vida social y buscan obligar a los Estados a que asuman decisiones para ajustar su realidad a lo que ellos definen como “ideal”.

Se ha trastocado el método. No se reconoce, primero, la realidad, para ajustarse a ella y perfeccionarla, si se quiere. Más bien, se rechaza la realidad y se pretende sustituirla por una nueva mediante el método de la ingeniería social.

Un campo donde se ha dado tal esfuerzo es en el de las familias. Hoy se pretende sustituir el concepto histórico de familia, por nuevas definiciones que queriendo abarcar mucho terminan por decir nada. Se pierde unidad y claridad por una pluralidad tal que puede abarcarlo todo.

Me llega un proyecto de “Ley General de Relaciones Familiares” que se pretende imponer como obligatorio para todo el país, olvidando que la regulación civil de las familias corresponde a los estados. Se trata de rescatar los experimentos que propone la ONU en su versión feminista y de “género”, sacando conclusiones muy extrañas a partir de los datos censales de 2010, multiplicando las “formas” de familia de una manera por demás extraña y adoptando una definición que podría aplicarse a otras realidades sociales.

¿Podríamos validar que una familia es “el conjunto de personas relacionadas por vínculos jurídicos, actos jurídicos bilaterales o uniones de hecho, establecidos generalmente en un espacio de vida cotidiana con el propósito de brindarse ayuda mutua, afecto, respecto y solidaridad, procurando la convivencia armónica la igualdad de obligaciones y derechos así como la responsabilidad compartida en el cuidado doméstico”? Me parece que no. La familia es otra cosa.

¿Se justificaría una legislación como se pretende, cuando los autores reconocen que el 40% de los mayores de 12 años están casados, el 14% vive en unión libre, el 35% son solteros y el 1% divorciados? Resulta claro que el matrimonio es la base de la familia, aunque un 14% no acude a su formalización, quizá porque la ley ya reconoce derechos familiares a quienes así viven. ¿De ello se infiere una multiplicidad tal de formas familiares que requieran una regulación específica? De ninguna manera. Esta gelatinosa e innecesaria iniciativa, que violaría el Federalismo, es una quimera intelectual de sus autores, supuestos abogados, que quieren hacer ingeniería social.

*Licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva. Maestría en Desarrollo Humano y Diplomado en Filosofía Política. Periodista desde 1968, catedrático universitario y funcionario público a partir del año 2000. Participa en diversas organizaciones sociales. Actualmente Presidente del Comité Editorial de yoinfluyo.com.