Ante los procesos electorales en diversos estados de la República, especialmente en el Estado de México, y de cara a la elección presidencial del año 2012, el Consejo de Analistas Católicos, hombres y mujeres de la sociedad civil, manifestamos lo siguiente:

En los últimos años, los problemas de México han sido más complejos, especialmente ante el agravamiento de la violencia, consecuencia de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Si bien las perspectivas macroeconómicas han situado un panorama alentador para la economía mexicana, es cierto que se afrontan problemas como el desempleo, el escaso poder adquisitivo de los salarios, la injusta distribución de la riqueza, las irregularidades en el desarrollo humano, la violencia de género, la falta de oportunidades para los jóvenes y las escasas posibilidades del bienestar y seguridad económica para los jubilados, entre otras.

Un clamor popular, por otro lado, ha sido que las autoridades velen por los derechos humanos consagrados en nuestra ley fundamental y que son tutelados por las constituciones y legislaciones locales manteniendo la vigencia de cualquier estado democrático en el mundo.

La situación de nuestro país es apremiante y los problemas tienden a agudizarse particularmente cuando la corrupción parece permear en las instituciones públicas y de gobierno. La opinión pública ha manifestado su decepción por la política y los partidos quienes sufren de una credibilidad mínima, tendiendo a agudizarse cuando las luchas por el poder entre partidos impactan al electorado provocando una crisis en la representatividad, denostando el ejercicio de la actividad política para ser sinónimo de prebendas, poder y oportunismo, dejando a un lado el propósito claro que nuestra Constitución Política señala sobre los partidos políticos: Ser instituciones de interés público y no camarillas que beneficien a grupos y familias.

En resumen, y tomando las palabras del Papa Benedicto XVI, al recibir a los obispos mexicanos en visita ad limina en septiembre de 2005, todas estas condiciones han hecho que «en algunos ambientes, por el afán de poder, se hayan deteriorado las sanas formas de convivencia y la gestión de la cosa pública, y se hayan incrementado además los fenómenos de la corrupción, impunidad, infiltración del narcotráfico y del crimen organizado».

Por lo anterior, el Consejo de Analistas Católicos de México, apelando a la conciencia política y cívica de los candidatos que contienden a cargos de elección popular, especialmente al de gobernador del Estado de México, quiere manifestar que, para salvar a este país de la ingobernabilidad y el caos, es necesario, en primer término que:

-Quienes compiten por ser servidores del pueblo tengan en cuenta que su actividad no es para beneficio personal ni partidista. México está cansado de que los políticos se hagan ricos a costa del dinero del erario público y los trabajadores se hagan más y más pobres, cuando el salario los mantiene en condiciones infrahumanas.

-Que los candidatos muestren coherencia y congruencia con las plataformas y estatutos de sus institutos políticos los cuales, de manera general, tienden a hacer énfasis en que el gobierno debe procurar el bien común y el orden público en aras de la persona como fin último de toda acción política. En este sentido urge que se legitime la representatividad de candidatos y partidos políticos.

-Que los candidatos presenten al electorado propuestas reales y posibles de cumplir, particularmente en materia económica con el fin de garantizar una justa distribución de la riqueza, la creación de empleos bien remunerados y el crecimiento real en base al desarrollo de todos los gobernados.

-Que los candidatos sean los primeros comprometidos en el combate a la impunidad y estar libres de cualquier conducta que pueda haberlos involucrado en delitos que merezcan la pena privativa de la libertad o la inhabilitación para ejercer cualquier encargo; que mantengan el compromiso cierto de que en sus entidades se  ponga fin  a la corrupción, al abuso de poder, al influyentismo y se castigue a los servidores públicos que han abusado del ejercicio del poder.

-Que los candidatos se comprometan, una vez ocupado el cargo que el pueblo les confiera, a sancionar leyes en beneficio de las necesidades de sus gobernados y donde se expresen los valores a los que los ciudadanos dan prioridad y aseguren la justicia en el estado democrático de derecho.

-Que los candidatos integren a sus gabinetes funcionarios honestos, capaces, de probada rectitud y de adecuada formación ética y profesional, mismos que se comprometerán a ejercer sus cargos en bien del pueblo para procurar la protección y ejercicio de las garantías constitucionales, del derecho a la vida, del derecho a la información y la transparencia; de la libertad de conciencia y de pensamiento, de la libertad de prensa, del derecho a la educación y  de la libertad religiosa, entre otras.

Finalmente, en miras de la consolidación democrática y el respeto a las libertades de una sociedad plural recordamos a los candidatos que “nuestra democracia es una democracia representativa… Los representantes no son simples agentes pasivos de los electores y sus objetivos no dependen exclusivamente de los intereses de partido, sino de la actuación del bien común. La representación política tiene  una dimensión moral irrenunciable que consiste en el compromiso de compartir el destino del pueblo y en buscar soluciones a los problemas sociales. Se requiere que la autoridad sea ejercida mediante el recurso de las virtudes que favorecen la práctica del poder con espíritu de servicio… y que sea ejercida por personas capaces de asumir, como finalidad de su actuación, el bienestar de todos y no el prestigio o el logro de ventajas personales”. (CEM. “No hay democracia verdadera y estable sin participación ciudadana y justicia social, No. 42)

CONSEJO DE ANALISTAS CATÓLICOS DE MÉXICO, Comisión relación Iglesia-Estado

RESPONSABLES:

Carlos Montiel González / DIRECTOR

Guillermo Gazanini Espinoza / SECRETARIO GENERAL

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