Uno de los postulados fundamentales de la ciencia jurídica es la tutela absoluta de los derechos humanos. ¡Por lo menos de los fundamentales! Y la vida es uno de ellos. En efecto, por su naturaleza, al derecho le corresponde dar adecuada protección jurídica a todos los seres humanos, sea antes que después del nacimiento y, el abstenerse de hacerlo, sería injustificable y perverso. Me refiero a la tutela de la vida de todos los seres humanos, prescindiendo del tamaño, peso y edad. Tampoco cuando se tratara de un ‘conflicto de derechos’ como, en este caso, entre el derecho a la vida del ser humano y el derecho a decidir libremente de la mujer, sería lícito optar por la eliminación de uno de ellos. Que sea mujer u hombre, el derecho a ejercer la libertad, nadie lo pone en discusión, siempre y cuando no afecte el bien de los demás y la verdad de los valores en juego. Lo que me asombra, es ver como este derecho de actuar con libertad se aplica, sin limitaciones, sólo para la mujer que desea ‘abortar’. ¿Y en todos los demás casos, por ejemplo, de libertad de conciencia, de religión y de pensamiento? 

Convalidar un proyecto de ley que, en realidad, ‘liberaliza o legaliza’ el aborto, más que despenalizarlo, en nombre de la ‘libertad de decisión de la mujer sobre su propio cuerpo’, es una devastadora decisión y auténtica ‘falacia’. ‘Devastadora’ porque ridiculiza el valor humano de las criaturas, en el seno materno, abaratándolas a ‘cualquier cosa’ sin trascendencia; ‘falacia’ porque nadie, tampoco las mujeres, deberían sentirse ‘dueñas’ de su cuerpo. El cuerpo humano, en efecto, no puede ser pensado como ‘algo ajeno’ y externo a la persona y a su ser, en cuanto es propiamente lo que la hace humana. No tenemos un cuerpo, sino que ‘somos’, con nuestro cuerpo, personas humanas y, desde luego, su ‘indisponibilidad’ es lógica consecuencia.  

El cuerpo humano no es un objeto más en nuestras manos, sino que es el ‘suporte de ese espíritu’ que nos distingue de cualquier otro ser de la creación. Con el cuerpo somos ‘personas’. Además, el cuerpo de los bebés, en el seno materno, no es, por lógica, ‘propiedad’ de alguien, sino que es un ser humano distinto de la madre y, por eso, digno de ser respetado y tutelado, con amor, por quienes lo han engendrado y por el supuesto ‘estado de derecho’. Digo ‘supuesto’ porque, en nuestro caso mexicano, a la luz de la sentencia del tribunal ‘superior’ de justicia de la nación, ha dejado de serlo. Sin embargo, a pesar de ser un órgano jurídico de peso, y constitucionalmente reconocido, no goza necesariamente de ningún carisma de ‘infalibilidad’. Se compone de seres humanos falibles y, lo que asusta, política y culturalmente ‘condicionados’. Políticamente, por pertenecer indebidamente a grupos partidistas, pecando así de parcialidad; culturalmente, porque se dejan influenciar por los pensamientos de ‘moda’ y de ‘vanguardia cultural’, o sea, por un siniestro ‘pensamiento débil’. Por ‘rigor epistemológico’, en efecto, cualquier ley, contraria a los derechos humanos fundamentales, ‘sic et simpliciter’ sería ‘ilegítima’. 

No ser, hoy, favorables a los reclamos feministas y a las demandas libertarias de grupos minoritarios, pero poderosos; no estar, hoy, abiertos a propuestas de matrimonios innaturales, como los homosexuales; no ser, hoy, contrarios al pensamiento moral de una Iglesia juzgada, indebidamente, obsoleta e ignorante, sería signo de ‘debilidad cultural’.  

Una vez más, la tiranía del relativismo ético y jurídico se ha posesionado de nuestros mejores ciudadanos. Y, esto, es verdaderamente preocupante. 

Un ‘trastorno conceptual’, como aquel que reduce el embarazo a un problema de salud pública y convierte la supresión de la vida humana en un ‘derecho sexual’ tendrá, seguramente, gravísimas consecuencias sociales, culturales, morales y educacionales. Nos alborotamos por la gran inseguridad que vivimos en el país; reclamamos con marchas espectaculares la defensa de nuestros derechos de seguridad, pero no vamos al meollo del problema, o sea, a las raíces de los males morales.  

No se soluciona la seguridad nacional con magia gubernamental, ni con manifestaciones multitudinarias o amenazas de ‘pena de muerte’. Se soluciona con largos, perseverantes, inteligentes y sólidos procesos de formación de la conciencia moral de nuestro pueblo. Y es exactamente lo que más nos hace falta y que no estamos atendiendo con seriedad, determinación y clarividencia, desde ya mucho tiempo. Prueba concreta de ello son las tan decantada ‘reformas educativas’ de la Secretaria de Educación Pública, que se pavonean como modernas e integrales y que, en realidad, son más de ‘lo mismo’ y revelan una ceguera antropológica y axiológica espantosa y nefasta para nuestra juventud. 

Es contradictorio, por cierto, liberalizar o legalizar un ‘delito’ como el aborto y, luego, pretender que no se cometan los demás delitos de violación, perversión y abusos sexuales. En nombre de la ‘libertad’ de decisión se tendrán que legalizar también. La libertad humana, señores magistrados, es auténticamente humana cuando se ejerce dentro de los límites del bien moral de todos y de la verdad de las cosas, instituciones y personas. ¡Sin ningún límite, es anárquica, nefasta e irreal! 

Valorar como constitucional el derecho a la ‘interrupción del embarazo’, en todos los casos, nos deja muy perplejos y, por cierto, asombrados. Más correcto hubiera sido tutelar la vida, para que no venga interrumpida arbitrariamente, por ser un derecho primordial, y evitar de ‘penalizar cínicamente’ a las mujeres que abortan, pero sólo en determinados y restringidos casos. En efecto, se evitaría el riesgo de considerar el aborto como algo ‘moralmente lícito’; se tratarían más humanamente a quienes lo realizan dramáticamente y no se consagrarían, peligrosamente, falsos e inexistentes derechos de libertad. Tampoco, se afectaría la naturaleza indiscutiblemente ‘inmoral’ del aborto. Seguiría siéndolo, objetivamente, también en los casos de ‘despenalización restringida’. El TSJN, en lugar de declarar constitucional el aborto, que es absurdo e ilegítimo, tenía que haber considerado viable y tolerable su ‘despenalización’, por respeto a aquellas mujeres que, además del drama del aborto mismo y de la forma con la cual se embarazaron, tendrían que soportar también la crudeza de la pena.    

Por parte de la Iglesia, desde este momento, tendremos un reto más: formar más evangélicamente a nuestro pueblo y crear, en el corazón de nuestras comunidades, centros preparados y equipados para acoger la vida desechada y acompañar, con caridad, a las mujeres inducidas a hacerlo. Asumámoslo con responsabilidad y esperanza y no dejemos de intentar a lanzar nuevos ‘puentes’ de comunicación y diálogo con los que piensan distintamente y que consideran arbitrario que se le impongan normas, de cuya validez, no están plenamente convencidos. Permitamos, finalmente, que el ‘Derecho’ y los legisladores cumplan con sus tareas de tutelaje de la vida y de las personas, con ese ‘humanismo’ que caracteriza nuestro Código de Derecho Canónico.  

Padre Humberto M. Marsich m.x.