Se impuso el toque de queda en el poblado de Creel, comunidad serrana de Chihuahua. Una semana antes sicarios mataron a 13 personas. El clima de terror invade a pobladores y el Ejército Mexicano resguarda la zona.

En otras ciudades del norte del territorio nacional, la violencia se ha recrudecido. Todos los días los mexicanos despertamos con que más hermanos son masacrados a manos de la delincuencia organizada.

En la sierra de Puebla, se vive en constante zozobra por el ataque de delincuentes que han sentado sus reales con la industria del secuestro.

El intento de secuestro de un oriundo de Tlapanalá, destapó la cloaca que miles de poblanos viven a diario en la región, que es puerta de entrada a la mixteca.

Tlapanalá, es mejor conocido en la región como “El México chiquito”. Ahí, las remesas de migrantes han permitido la instalación de industrias, construcciones de caserones, al estilo californiano, atractivo más para los delincuentes.

La industria del secuestro no es exclusiva de un municipio o de un estado, como se sabe es un problema que se vive en todo el país, visualizado de una manera cruda por el empresario Alejandro Marti, padre de Fernando, un adolescente secuestrado y asesinado:

Ante el presidente Felipe Calderón, funcionarios federales, legisladores, representantes del poder judicial y gobernadores, dijo con la voz entrecortada: “En mis noches de dolor siempre pensé, como seguramente muchos mexicanos pensaron, quién habrá matado a mi hijo, habrá sido ese engendro maligno hijo de la impunidad o todos nosotros, que con el paso de los años, nuestra irresponsabilidad y nuestra ceguera hemos creado lo que hoy estamos viviendo”.

Igual piensan miles  de personas que han sufrido en carne propia el dolor de ver muerto al hijo o hija, al padre o la madre a manos de criminales.

En Tlapanalá y en otros municipios de la mixteca, el secuestro se da en muchos casos a la palabra. Es decir, la familia es amenazada. Llega un emisario y pide cierta cantidad de dinero y advierte que si no se cubre en tal tiempo, las consecuencias serán el secuestro de tal o cual miembro.

Así, viene el compromiso del jefe o jefa de familia, para pedir plazos para poder pagar. Las víctimas suelen ser empresarios o familiares de migrantes.

En caso de negarse, la amenaza se cumple, se da el secuestro y el no pago se traduce en la ejecución.

La pregunta: ¿Porque no se denuncian los ilícitos? La respuesta, es: “miedo, miedo, miedo”. Y cuando la denuncia ha llegado a los ministerios públicos ¿qué pasa? o se pierden los expedientes o bien se van al archivo muerto.

Y eso es lo que no quiere el empresario Marti, ni millones de mexicanos, por eso se entiende la marcha del 30 de agosto, en donde sin intereses partidistas los mexicanos alzarán una vez la voz para exigir que las autoridades cumplan, o de lo contrario que renuncien, porque nadie quiere que se llegue al extremo de que haya más toques de queda en cada rincón del país, y que sea el Ejército Mexicano el que deba resguardar a la población, es decir perder nuestra libertad de tránsito, eso jamás.

Se sabía que la lucha contra el crimen organizado emprendida por el Presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa y respaldada por muchos gobernadores, iba a ser cruenta, pero aún así, el mismo gobierno y la sociedad no estaban preparados para ello, de ahí que el Acuerdo Nacional por la Seguridad,

la Justicia y

la Legalidad, en el cual está involucrada Puebla y sus autoridades, era inaplazable ante el ya basta que gritan los mexicanos por el clima de terror que quieren instaurar el crimen organizado, como respuesta al ataque frontal de las diferentes instancias de gobierno. El viernes por la mañana, el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, aseguró que con la firma del acuerdo ahora cada uno tiene tareas concretas que hacer para construir un país más seguro.Puso el dedo en la llaga al decir que frente a la inseguridad “todos somos responsables y ésta es la hora de sumar esfuerzos”.

Aquí, en Puebla, la alcaldesa Blanca Alcalá Ruíz, anunció que su gobierno blindará a la ciudad de la acción del hampa, y en próximas días en el marco de la constitución del Consejo Municipal de Seguridad Pública, habrá de anunciar acciones concretas en esta materia.

La tarea es ardua, no solo se trata de perseguir a los delincuentes, que ya es mucho, sino que es necesario crear las condiciones de estabilidad social y eso conlleva a buscar el desarrollo personal y humano de los mexicanos, a aminorar la pobreza y la desigualdad. Y en el caso de quienes tienen a su responsabilidad el cuidado de la seguridad, se debe intensificar la lucha contra la corrupción desde el corazón mismo de los cuerpos policíacos y de impartición de justicia. Ya basta de impunidad.

Frente a la inseguridad todos somos responsables y esta es la hora de sumar esfuerzos. Cerrar filas en torno a nuestras autoridades y exigir que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y

la Legalidad, no se quede en el tintero ni en el propósito de las buenas intenciones.

(*diariosinsecretos@yahoo.com)